El Poder Ejecutivo promulgó el 15 de diciembre de 2025 la Ley núm. 98-25, que modifica sustancialmente la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta reforma impacta directamente en los costos operativos, las obligaciones ambientales y la planificación fiscal de las empresas en la República Dominicana, alineando el país con estándares internacionales de sostenibilidad y economía circular.
¿Qué se modifica con la Ley 98-25?
La normativa busca fortalecer el sistema nacional de gestión de residuos, reducir la contaminación y promover prácticas sostenibles. Sus principales modificaciones incluyen:
- Actualización de las tasas de contribución especial por manejo de residuos sólidos, ahora basadas exclusivamente en la facturación anual reportada a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
- Refuerzo de controles ambientales para productores, importadores y comercializadores de bienes de consumo.
- Prohibición progresiva de plásticos de un solo uso y foam (poliestireno expandido), con fases de eliminación a partir de 2026, salvo productos con aditivos biodegradables certificados.
- Redefinición de roles entre gobiernos locales, gestores privados y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Prevención de prácticas monopólicas para fomentar competencia en reciclaje y materiales alternativos.
- Fortalecimiento del Fideicomiso DO Sostenible, con mayor supervisión y transparencia en el uso de fondos.
La ley entra en vigencia progresivamente, con impacto en contribuciones a partir del cierre fiscal 2025 (declaraciones de abril 2026).
Contribución por manejo de residuos sólidos: comparación antes y después
La reforma introduce incrementos significativos en la contribución obligatoria, indexada anualmente al IPC del Banco Central. Los montos se aplican a personas jurídicas privadas y entidades públicas.
| Rango de facturación anual | Antes (Ley 225-20) | Ahora (Ley 98-25) | Incremento aproximado |
|---|---|---|---|
| Hasta RD$1 millón | RD$500 | RD$3,000 | +500% |
| RD$1 – RD$10 millones | RD$1,500 | RD$6,000 | +300% |
| RD$10 – RD$25 millones | RD$5,000 | RD$20,000 | +300% |
| RD$25 – RD$50 millones | RD$30,000 | RD$155,000 | +417% |
| RD$50 – RD$100 millones | RD$90,000 | RD$260,000 | +189% |
| Más de RD$100 millones | RD$260,000 | RD$675,000 | +160% |
Estos fondos financian estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y proyectos integrados, con asignaciones directas a alcaldías.
¿Qué significa este cambio para las empresas?
La Ley 98-25 implica:
- Incrementos obligatorios en contribuciones para todas las empresas, afectando presupuestos fiscales desde 2026.
- Necesidad de revisar empaques, logística y cadenas de suministro ante restricciones en plásticos y foam.
- Mayor escrutinio ambiental, con posibles sanciones por incumplimiento.
- Oportunidades en economía circular: inversión en reciclaje, materiales biodegradables y valorización de residuos puede generar ventajas competitivas.
- Reacciones mixtas del sector privado: asociaciones como AIRD y federaciones de comerciantes han expresado preocupaciones por impactos en PYMES, aunque reconocen avances en sostenibilidad.
¿Cómo prepararse ante estos cambios?
Para adaptarse efectivamente:
- Realice una evaluación interna del impacto fiscal y operativo, considerando facturación y uso de materiales restringidos.
- Actualice procesos hacia alternativas sostenibles (ej. empaques biodegradables certificados).
- Capacite al personal y revise contratos con proveedores para cumplir con prohibiciones progresivas.
- Monitoree regulaciones complementarias del Ministerio de Medio Ambiente y prepare declaraciones DGII 2026.
- Explore incentivos en reciclaje y economía circular, colaborando con entidades como el Fideicomiso DO Sostenible.
