Persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial, es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
La persecución judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación.
Guerra jurídica y jurisdicción universal
Algunos estudiosos relacionan la persecución jurídica con las violaciones de derechos humanos, cuando la ley de una nación se vuelve contra sus propios funcionarios. Más recientemente se ha asociado con la extensión de la jurisdicción universal para juzgar violaciones de derechos humanos, que permite a individuos, grupos o países enjuiciar a funcionarios de otro país.
Detrás de la jurisdicción universal se encuentra una visión de la Ilustración que opina que todas las personas están dotadas de los derechos humanos básicos, y que infringir los derechos de toda persona, sin importar dónde se encuentre esta, supone una violación conforme a los principios internacionalmente acordados del bien y del mal.
Uso en Latinoamérica
En los últimos años el término se ha comenzado a usar en América Latina para describir un tipo de acción que combina la manipulación de las investigaciones y juicios penales, —principalmente en supuestas causas de corrupción—, la detención de los acusados y los medios de comunicación y redes sociales con mensajes orientados a desprestigiar opositores. En este sentido, una característica fundamental de la guerra judicial sería el uso de acusaciones sin materialidad, incluyendo, entre sus tácticas, las siguientes:
- Manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, con fines políticos;
- Enjuiciamiento sin mérito;
- Abuso del derecho para dañar la reputación de un oponente;
- Promoción de demandas para desacreditar al oponente;
- Intentar influir en la opinión pública mediante el uso de la ley para obtener publicidad negativa;
- Judicialización de la política: la ley como instrumento para conectar medios y fines políticos;
- Promoción de la decepción popular;
- Críticas a quienes utilizan el derecho internacional y los procedimientos judiciales para presentar reclamos contra el estado;
- Uso de la ley como una forma de avergonzar al oponente;
- Bloquear y tomar represalias contra los intentos de los oponentes de utilizar los procedimientos y estándares legales disponibles para defender sus derechos;
El concepto ha sido utilizado por una considerable cantidad de gobernantes y exgobernantes latinoamericanos que, en la segunda década del siglo XXI, fueron afectados por procedimientos judiciales, con gran impacto en los medios, que en algunos casos los desplazaron del poder o les impidieron presentarse como candidatos.
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