SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras la decisión de No Ha Lugar a favor del senador Félix Bautista y compartes, acusado de corrupción administrativa y lavado de activos, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) exhortó al Procurador General de la República a apelar de forma que el órgano judicial competente tenga oportunidad de cumplir con su misión de “servir justicia, sin temor, sin favoritismos y sin la presión de los intereses políticos partidarios”.
Asimismo, llamó la atención de que ese mismo día fue beneficiado con otra resolución similar el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Gullón, acusado de delitos en el ejercicio de sus funciones.
“En lo que tiene que ver con la resolución 544-2015, que libra al Senador Félix Bautista y compartes de ser juzgados por un tribunal de la República en un juicio oral, público y contradictorio, la sana critica dará cuenta de la calidad de dicha sentencia, pero nos preocupa que el Juzgador de la Instrucción Especial haya extendido y reconocido hasta límites sin precedentes una serie de garantías a favor de los imputados, arguyendo razones de protección de la privacidad, intimidad y presunción de inocencia, mientras desconoce disposiciones legales contenidas en la Ley especial de Lavado y otras similares”, suscribió en una nota enviada a la prensa, la entidad.
Su vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños dijo que las decisiones adoptadas vienen a fortalecer la percepción ciudadana de que tanto la independencia interna como externa del Poder Judicial está más comprometida ahora que en el pasado.
“Las aprehensiones legítimas que se manifestaron por la cercanía de muchos de los magistrados electos en diciembre de 2011 en la Altas Cortes con el Poder Político, desembocarían en decisiones que profundizarían el imperio de la impunidad en el sistema de justicia nacional”, manifestó.
Destacó que llama la atención el hecho de que en ambos casos el sistema de justicia haya operado para impedir que los imputados respondan a acusaciones en un juicio de fondo y que, en un aparente marco de legalidad y de respeto del debido proceso, se frustrara una nueva oportunidad para que funcionarios públicos y dirigentes políticos, respondan de hechos que se le imputan.
Castaños aseguró que la Suprema Corte de Justicia debe garantizar la credibilidad y la imparcialidad de sus decisiones, y que sus actos se adopten no solo en un marco de legalidad sino que además contribuyan a mejorar la crisis de confianza que indican numerosas encuestas y estudios recientes.
“Desde el mismo inicio del proceso que llevó a la resolución 544-2015 y contrario a lo que se esperaba, la Suprema Corte decidió poner a la cabeza como Juez de la Instrucción Especial a una persona que señalada con claros vínculos históricos con el mismo partido del principal imputado, cuando lo más recomendable era que dicho proceso lo dirigiera un juez de carrera”, criticó.
Reprocharon que el mismo viernes 27 de marzo pasado la sociedad dominicana conociera dos resoluciones judiciales que han generado una gran preocupación en importantes sectores sociales, académicos, medios de comunicación y de la comunidad jurídica, afectándola.
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