El ecosistema político dominicano ha trasladado su principal campo de batalla de las calles a las pantallas. Las plataformas digitales y las redes sociales han reconfigurado la dinámica proselitista, permitiendo una segmentación precisa del electorado y una democratización en el acceso a la difusión de mensajes. Sin embargo, este avance tecnológico plantea profundos dilemas para el derecho electoral, donde la velocidad de la innovación digital suele superar la capacidad de respuesta de los marcos normativos tradicionales.

El análisis de la propaganda digital en el contexto nacional exige examinar la suficiencia de la legislación actual, el fenómeno de la desinformación como amenaza a la integridad democrática y los límites de la potestad regulatoria del Estado.

El Vacío Regulatorio y la Insuficiencia del Marco Normativo Actual

La legislación electoral dominicana, compuesta principalmente por la Ley Núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Núm. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, fue concebida bajo parámetros que priorizaban el control de los medios de comunicación tradicionales, tales como la radio, la televisión y la prensa escrita, además de la publicidad exterior.

A pesar de que ambas leyes introdujeron topes de gastos y principios de equidad, la regulación específica sobre la contratación de pauta publicitaria en redes sociales (como Meta, Google, TikTok o X) resulta difusa. El marco legal vigente no establece un mecanismo automatizado de fiscalización para el gasto en propaganda digital programática, lo que facilita el subregistro de los fondos empleados en campañas web.

Esta falta de especificidad procesal genera una asimetría entre la publicidad fiscalizada en medios convencionales y las inversiones opacas en plataformas digitales, donde cuentas de terceros o «fantasmas» pueden financiar campañas de promoción o descrédito sin que el órgano electoral pueda determinar con facilidad el origen real de los recursos.

Desinformación y «Fake News» frente a la Libertad de Expresión

Uno de los mayores desafíos éticos y jurídicos de la propaganda digital es la proliferación de campañas de desinformación estructuradas. A diferencia de la propaganda tradicional, el uso de algoritmos de optimización permite que noticias falsas o manipuladas (fake news) se difundan de forma masiva y personalizada, alterando la percepción objetiva del electorado y lesionando el derecho a la información veraz.

Desde la perspectiva del derecho constitucional y electoral dominicano, sancionar la desinformación presenta una alta complejidad técnica. El artículo 49 de la Constitución de la República garantiza la libertad de expresión e información sin censura previa. Por consiguiente, cualquier intento de la Junta Central Electoral por censurar o calificar la «veracidad» de un discurso político en redes sociales de manera previa corre el riesgo de ser declarado inconstitucional por vulnerar el núcleo esencial de dicho derecho fundamental.

El ordenamiento jurídico nacional relega las sanciones a las responsabilidades ulteriores, tipificadas en la legislación penal ordinaria o en leyes especiales como la Ley Núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. No obstante, los procesos judiciales por difamación o injuria digital conllevan tiempos de instrucción que sobrepasan con creces la duración de la campaña, lo que anula la efectividad de la sanción como medida de contención durante el torneo electoral.

Propaganda Automatizada y la Identidad Digital del Electorado

La propaganda digital moderna no se limita a la publicación de contenido de manera orgánica; se fundamenta en el uso de herramientas de automatización, cuentas automatizadas (bots) y técnicas de microsegmentación conductual a través del análisis de datos masivos (big data). Estas técnicas permiten dirigir mensajes específicos a grupos vulnerables o indecisos, explotando sesgos cognitivos y polarizando el debate público.

En el derecho dominicano, el cruce entre la propaganda digital y la protección de datos personales constituye una frontera jurídica aún desprotegida. La Ley Núm. 172-13 sobre Protección de Datos Personales no contempla disposiciones rigurosas que impidan a las firmas de asesoría política perfilar ideológicamente a los ciudadanos a partir de su huella digital sin un consentimiento explícito, informado y específico para fines electorales.

La ausencia de una Unidad de Ciberseguridad y Monitoreo Digital con plenas facultades coactivas dentro de la Junta Central Electoral limita las acciones del órgano a la emisión de exhortaciones éticas o pactos de civismo digital entre los partidos. Estos instrumentos, al carecer de fuerza vinculante y punitiva, resultan insuficientes para frenar las estrategias avanzadas de guerra informática y manipulación algorítmica que caracterizan a las campañas contemporáneas.