La legitimidad se refiere a la aceptación y reconocimiento generalizado de la autoridad, el poder o las acciones de un gobierno, institución o individuo por parte de la población a la que afecta o gobierna. La legitimidad puede provenir de varios factores y es fundamental para el funcionamiento adecuado y la estabilidad de cualquier sistema político o social.
La legitimidad no es estática y puede cambiar con el tiempo debido a cambios en la opinión pública, situaciones políticas, crisis sociales o económicas, entre otros factores. Mantener y fortalecer la legitimidad es esencial para la estabilidad y la confianza en las instituciones gubernamentales y sociales.
Cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al monopolio de la ley. Los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima son tres: validez, justicia, y eficacia. Esta legitimidad se subdivide en dos: legitimidad formal y material. La formal se entiende como el correcto proceder de los órganos estatales con respecto a todos los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico. La legitimidad material es aquel consenso (reconocimiento) del pueblo creado en aprobación de la ley creada o de la actuación gubernamental.
La legalidad se refiere al principio de actuar de acuerdo con la ley. Esto implica que las acciones, decisiones o prácticas deben estar en conformidad con las leyes establecidas por una autoridad competente, como un gobierno, un sistema judicial o una legislación específica.
En cambio, para el diccionario panhispánico del español jurídico lo define como principio jurídico que sustenta el Estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos están sometidos a la ley y al derecho.
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