La exención del Impuesto a los Activos para las empresas agropecuarias, introducida por la Ley 30-26, ha generado opiniones divididas.
Mientras algunos consideran que se trata de un beneficio fiscal justificado por la importancia estratégica del sector, otros sostienen que las exenciones sectoriales pueden afectar el principio de igualdad tributaria.
La discusión trasciende el ámbito fiscal y se relaciona directamente con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la política económica nacional.
El papel estratégico de la agricultura
La actividad agropecuaria posee características que la diferencian de otros sectores económicos.
Los productores enfrentan riesgos que escapan a su control:
- Sequías.
- Huracanes.
- Inundaciones.
- Plagas.
- Variaciones internacionales de precios.
Estas circunstancias han llevado a numerosos países a implementar incentivos especiales para proteger la producción agrícola.
El fundamento jurídico de las exenciones
Las exenciones tributarias no constituyen necesariamente privilegios arbitrarios.
Pueden responder a objetivos legítimos de política pública.
La Constitución dominicana reconoce la importancia del desarrollo económico, la producción nacional y la seguridad alimentaria como objetivos de interés general.
Bajo esta lógica, determinados incentivos fiscales pueden justificarse cuando persiguen fines constitucionalmente relevantes.
¿Existe una afectación al principio de igualdad?
El debate jurídico surge porque no todos los sectores económicos reciben el mismo tratamiento.
Sin embargo, el principio de igualdad no exige uniformidad absoluta.
La jurisprudencia constitucional suele admitir tratamientos diferenciados cuando existen razones objetivas y razonables que los justifiquen.
La vulnerabilidad particular del sector agropecuario constituye precisamente el principal argumento utilizado para defender estas medidas.
Impacto económico esperado
La exención puede generar:
- Mayor inversión privada.
- Incremento de la producción nacional.
- Modernización tecnológica.
- Reducción de costos operativos.
- Fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
No obstante, su éxito dependerá de que los recursos liberados realmente se traduzcan en mejoras productivas y no únicamente en un beneficio financiero para determinados actores económicos.
Más que una exención tributaria
La medida refleja una decisión de política económica mediante la cual el Estado reconoce el carácter estratégico de la producción agropecuaria para el desarrollo nacional.
Por ello, la verdadera discusión no es únicamente fiscal, sino sobre cuál debe ser el papel del Estado en la protección de sectores considerados esenciales para el interés público.
