La expresión Justicia Electoral comprende todo lo relacionado con la actividad jurisdiccional administrativo referente a las elecciones, con el fin de garantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho, y a los principios de nuestra Constitución Nacional. El sistema de justicia electoral es un instrumento clave del Estado de derecho y la garantía fundamental de cumplimiento con el principio democrático de la celebración de elecciones libres, justas y auténticas.
La expresión justicia electoral es ambigua, ya que tiene varios significados. De acuerdo con su sentido técnico o estricto, es frecuente que por ‘justicia electoral’ se haga referencia a los diversos mecanismos de carácter procesal instrumentos, procedimientos y recursos jurídicos, tanto nacionales como internacionales encaminados a garantizar que los actos y procedimientos electorales se ajusten a lo previsto en la Constitución y la ley incluidos los instrumentos o tratados internacionales y demás normativa vigente en un país, así como a proteger, restaurar o reparar el goce de los derechos políticoelectorales.
El término justicia electoral, abarca los medios y los mecanismos de que dispone un determinado país, comunidad o que existen en el ámbito regional o internacional con el fin de:
• garantizar que cada acción, procedimiento y decisión relacionada con el proceso electoral se acoja al marco jurídico
• proteger o restablecer los derechos electorales
• dar a las personas que consideren que sus derechos electorales han sido violentados la posibilidad de plantear una impugnación, que usu caso sea escuchado y obtener un fallo.
En consecuencia, su diseño adecuado es fundamental para la legitimidad democrática y la credibilidad de los procesos electorales. El concepto de justicia electoral trasciende la simple aplicación del marco jurídico; también es un factor dentro del diseño global y de la conducción de todo proceso electoral, e influye en las acciones de las partes interesadas que participan en dichos procesos. Existe una gran diversidad en cuanto a las prácticas y los sistemas alrededor del mundo, en razón de la amplia influencia que ejercen sobre los mismos el contexto sociocultural, histórico y político en el que operan.
Si bien contar con un sistema de justicia electoral sólido por sí solo no garantiza que las elecciones sean libres, justas y auténticas, su ausencia podría agravar los conflictos existentes. Si las elecciones se celebran sin un marco jurídico completo y consensuado en el que haya un compromiso con los principios y valores democráticos, si no están debidamente organizadas, o si no existen mecanismos específicos de justicia electoral, los procesos electorales podrían exacerbar las fricciones existentes o incluso derivar en conflictos armados o violencia. Por ejemplo, la violencia ocurrida en Kenya tras las elecciones de 2007 puede atribuirse en parte a que el país no disponía de un tribunal creíble e imparcial para resolver sus conflictos electorales.
El diseño del sistema de justicia electoral es fundamental y debe revisarse de manera periódica para garantizar que cumpla con su función de garantizar la celebración de elecciones libres, justas y auténticas de conformidad con la ley. IDEA Internacional reconoce que el diseño del sistema de justicia electoral debe ser integral. Debido a que involucra aspectos técnicos, por lo general resulta útil contar con la correspondiente asistencia técnica y rara vez resulta apropiado exportar “plantillas” o modelos para aplicarlos en diferentes contextos históricos o políticos. Un enfoque comparativo del estudio de los sistemas de justicia electoral muestra que no hay un sistema perfecto, ni siquiera uno óptimo; también permite valorar las fortalezas y debilidades de los diferentes sistemas, identificar tendencias, ofrecer elementos adicionales de análisis e identificar experiencias o prácticas exitosas.
Justicia electoral dominicana
En la justicia electoral dominicana intervienen diferentes instituciones estatales que abarcan al Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, las Juntas Electorales, el Tribunal Constitucional, los partidos políticos, entre otros, dentro del marco de sus respectivas competencias constitucionales y legales.
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