En el marco de la Ley 47-25 sobre contrataciones públicas, uno de los pilares fundamentales que se destacan es el Principio de Favorabilidad del Desarrollo Local. Esta disposición persigue algo más que una simple regulación de procesos: busca fortalecer el crecimiento económico de los municipios y promover la participación activa de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el mercado estatal.
La descentralización como motor de desarrollo
El espíritu de este principio responde a la necesidad de descentralizar la inversión pública, acercando las oportunidades de contratación a los gobiernos locales. Al hacerlo, se fomenta que los recursos del Estado lleguen de manera directa a los territorios, generando un impacto positivo en la economía municipal y contribuyendo al equilibrio entre las regiones del país.
Mipymes y competitividad territorial
El énfasis que la ley coloca en las Mipymes no es casual. Estas empresas representan el corazón productivo de la República Dominicana y, a través de la contratación pública, se les brinda un acceso directo a recursos y mercados que de otro modo podrían estar limitados por la competencia de grandes proveedores. Con ello, se fortalece la competitividad territorial y se estimula la creación de empleos formales en las comunidades.
Optimización del gasto público
El principio también tiene un claro componente de eficiencia: la optimización de la calidad del gasto público. Al contratar bienes y servicios a nivel local, los gobiernos reducen costos logísticos, garantizan tiempos de respuesta más ágiles y generan un círculo virtuoso en el que la inversión retorna a la propia comunidad. Se trata, en definitiva, de una visión estratégica de la gestión pública.
Retos en la implementación
Sin embargo, el desarrollo local mediante contrataciones públicas requiere superar algunos desafíos. Entre ellos, fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales, garantizar la transparencia en los procesos y preparar a las Mipymes para cumplir con estándares de calidad y normativas que demanda el Estado. Solo así este principio podrá materializarse de manera sostenible y justa.
Un principio con impacto social
El Principio de Favorabilidad del Desarrollo Local trasciende la esfera jurídica para convertirse en una herramienta de inclusión social. Cada contrato adjudicado a nivel municipal representa más empleos, más dinamismo económico y más oportunidades para las familias. En consecuencia, este principio se erige como una pieza clave en la construcción de un modelo de desarrollo nacional equilibrado y sostenible.
