El derecho de cancelación, según el diccionario panhispánico del español jurídico, es un  derecho del titular de los datos personales a que el responsable del tratamiento cese en dicho uso o tratamiento mediante su eliminación o borrado físico, especialmente cuando sean inexactos o indebidos o hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que se recabaron.

El derecho cancelación es el derecho de uno mismo a suprimir gratuitamente sus datos personales cuando sean inadecuados, excesivos o innecesarios, o cuando se conserven durante un tiempo superior al que corresponda,. La cancelación origina el bloqueo de los datos, y sólo hay que conservarlos a la disposición de Administraciones públicas, jueces y tribunales para atender a las responsabilidades que pueda haber. Una vez transcurrido el plazo de prescripción, hay que suprimir los datos.

El derecho de cancelación es el que tiene el titular de los datos personales a solicitar se cancelen y se supriman sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por las instituciones gubernamentales del Estado.

Derecho a solicitar la eliminación

Los individuos tienen el derecho de solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no son necesarios para los fines para los que fueron recopilados, cuando se retira el consentimiento para su procesamiento o cuando el tratamiento de los datos se lleva a cabo de manera ilegal.

Responsabilidad de la entidad

La entidad que procesa los datos personales está obligada a tomar medidas para eliminar los datos cuando recibe una solicitud válida de cancelación, a menos que existan fundamentos legales para retener dichos datos.

Excepciones al derecho de cancelación

Hay casos en los que el derecho de cancelación no se aplica, como cuando la retención de los datos es necesaria para el cumplimiento de obligaciones legales, el ejercicio o defensa de reclamaciones legales, fines de interés público, entre otros.

Procedimiento para ejercer el derecho

Las entidades suelen proporcionar un proceso claro y accesible para que los individuos ejerzan su derecho de cancelación, ya sea a través de formularios en línea, correos electrónicos, o cualquier otro método de contacto designado por la entidad.

Base legal 

Este derecho tiene su fundamento en el artículo 44.2 de nuestra Carta Magna, que establece que «toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos.

Habeas data

El artículo  70 de nuestra Constitución reconoce  a Toda persona el derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. En el ejercicio de este derecho, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

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