Análisis de Impacto Regulatorio

El Análisis de Impacto Regulatorio es, según la Ley No. 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites,  el bienestar económico y social que se constituyen en las principales razones por las que los gobiernos persiguen crear regulaciones que sean efectivas y eficientes. Además, los gobiernos buscan fomentar la protección de los derechos y la seguridad ciudadana, el funcionamiento óptimo de los mercados y la provisión de los bienes y servicios públicos mediante lineamientos que el regulador debe determinar y ejecutar. No obstante, si las políticas son erróneamente diseñadas, la regulación sólo contribuye a crear más costos para los negocios y la ciudadanía.

Es por esto que, si en los países de América Latina y del Caribe se pretende efectuar un verdadero esfuerzo de aumentar la productividad, el crecimiento económico, la reducción de costos, y los trámites y burocracias, resulta indispensable que se invierta en la aplicación de buenas prácticas regulatorias que aseguren un marco institucional y un entorno empresarial que estimulen la competencia, el comercio y la inversión.

Buenas prácticas regulatoria

Uno de los aspectos recomendados por las buenas prácticas regulatorias es la realización del Análisis de Impacto Regulatorio. EI AIR es una herramienta cada vez más utilizada para la adecuada toma de decisiones y correcta formulación de políticas públicas basadas en información y evidencias empíricas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) define el AIR como el enfoque integral para la evaluación crítica de los efectos positivos y negativos de regulaciones propuestas y existentes. El uso integral del AIR en la creación de la regulación ayuda a mejorar la eficiencia, transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones.

Aunque no existe una única definición, se denomina AIR al instrumento de análisis de las políticas públicas, frecuentemente establecido como una obligación administrativa, cuyo objetivo es identificar los costos y beneficios asociados, directa o indirectamente, a una determinada intervención del Estado en los mercados. En otras palabras, el AIR sirve para medir el impacto económico, social y medioambiental de las regulaciones objeto del mismo. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial establecen que «el resultado de este proceso es un informe de evaluación que provee evidencias de alta calidad para comparar las diferentes opciones de lograr el objetivo de la política pública».

Objetivo

El principal objetivo del AIR es mejorar la calidad de las regulaciones. Una de las primeras preguntas que suelen surgir a propósito de la mejora regulatoria es la de cómo obtener regulaciones de mejor calidad. En resumen, éstas son el resultado de analizar el problema a resolver, evaluando y monitoreando los posibles efectos que las propuestas regulatorias o regulaciones vigentes pudieran tener sobre la sociedad, determinándose si la acción ejecutada por el hacedor de política en efecto se justifica y es la más apropiada.

Orígenes

El uso del AIR empezó en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido en los años ochenta, ganando popularidad a finales de los años noventa. El primer conjunto de recomendaciones de políticas regulatorias fue dado por la OCDE en 1997 y se convirtieron en una guía para que los países miembros se prepararan ante la apertura a nuevos mercados, la competencia, y así disminuyeran las cargas administrativas (OECD, 2005). Durante el periodo comprendido entre los años del 1990 al 2014, se registra un incremento constante en el número de países de la OCDE que adoptan el uso del AIR de alguna forma u otra. Pasando así, de 9 países en el 1990, 24 países en el 2000, y 32 países en el 20144.

¿Por qué es necesario el Análisis de Impacto Regulatorio?

Las regulaciones reflejan el cambio económico y social que experimenta un país a lo largo de su historia. El siglo XX se caracterizó por una expansión no planificada del sistema regulatorio, causado por el incremento de la actividad económica, de las nuevas tecnologías, de la demanda de nuevos productos y servicios, y por la apertura a nuevos mercados internacionales. Como consecuencia de lo anterior, surgieron 2 necesidades específicas: la necesidad de suplir nuevas regulaciones con el objetivo de estimular y balancear la competencia, y la necesidad de desregular para eliminar o reducir la ineficiencia regulatoria. Sin embargo, con el paso del tiempo, mientras más se conocía sobre regulación y desregulación, más se daba paso a la mejora de la calidad regulatoria. En definitiva, el tema de la calidad regulatoria pasaba a un primer plano, mientras que el tema de la cantidad regulatoria ocupaba un lugar secundario.

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