En República Dominicana las instituciones del Estado se dan a la tarea de forzar a los empleados o servidores públicos a que renuncien a causa de situaciones internas provocadas intencionalmente, o a despedirlos sin disfrute de sus prestaciones laborales, con el argumento que este tipo de relación laboral no se regula por el Código Laboral Dominicano. Esto es cierto, sin embargo, no quiere decir que no existan leyes y resoluciones que protejan el derecho de un servidor público cuando este es despedido injustificadamente.

Estos servidores públicos al desconocer la Ley 41-08 de Función Pública para los empleados del sector público; por desconocimiento aceptan y no llevan hasta las últimas instancias y tribunales la injusticia que hacen dichas instituciones para no pagar las prestaciones laborales correspondientes.

El artículo 60 de la referida ley establece que: “Los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un (1) año de servicio en cualesquiera de los órganos y entidades de la administración pública, en los casos de cese injustificado tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis (6) meses, sin que el monto de la indemnización pueda exceder los salarios de dieciocho (18) meses de labores. Dicha indemnización será pagada con cargo al presupuesto del órgano o entidad respectiva. El cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo.

¿Pero qué ocurre con los servidores públicos de los ayuntamientos u otras instituciones gubernamentales, si el artículo anterior habla sobre los empleados de estatuto simplificado? Esta cuestionante lo responde el el artículo 138 del Decreto núm. 523-09, que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública, asimila funcionarios o servidores públicos de los ayuntamientos y de otras instituciones públicas a empleados de estatutos simplificados, sin importar la categoría que tengan estos; estableciendo lo siguiente:

”Los funcionarios o servidores públicos a que se refieren los artículos anteriores, en caso de cese injustificado sin que la institución haya dado cumplimiento a las evaluaciones que dispone la Ley, recibirán una indemnización económica según lo dispuesto por el presente Reglamento para el personal de Estatuto Simplificado.

PÁRRAFO. Los cargos que queden vacantes como consecuencia de lo establecido en este artículo, serán cubiertos por concurso según dispone la Ley de Función Pública y la reglamentación correspondiente».

Por lo que de esto se concluye que los empleados que sean destituidos por los ayuntamientos de manera injustificada tienen derecho a una indemnización de un salario por cada año de trabajo, ya que, en virtud del texto cuestionado, estos se asimilan a empleados sometidos al estatuto simplificado.

De hecho, existe un departamento que se encarga de la protección de los derechos de dichos servidores públicos. Esta es la Dirección de Relaciones Laborales, la cual tiene la atribución de “dirigir, organizar, coordinar, supervisar y controlar la aplicación de los principios y normas que regulan las relaciones laborales de los servidores públicos con la administración del Estado, a fin de garantizar la armonía y paz laboral, acorde con lo establecido en la ley de Función Publica, sus reglamentos de aplicación y otras disposiciones legales y reglamentarias que la complementen.

Los servidores públicos de los ayuntamientos e instituciones gubernamentales además de saber las normas y políticas internas de la organización, deben saber cuáles son sus deberes y derechos que tienen como empleados y tener conocimiento de las leyes que los amparan para proceder ante algún problema laboral. Este desconocimiento seria letal para exigir sus derechos.

En el caso del sector público, hay una sobrecarga de la nómina y hay personas que están esperado que se le contraten aun después de un año de las elecciones; además que con la crisis económica que existen en el país, se ha provocado una recesión en los gastos del Gobierno, por el cual, los funcionarios tienen esta estrategia de llevar a los empleados a una situación que tengan que renunciar o dimitir para perder sus derechos, o lo despiden sin darle las prestaciones correspondientes. Una asesoría legal correcta garantiza el cumplimiento de sus derechos como servidor público.

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