Este principio jurídico se utiliza durante el proceso judicial penal. Si el juez tiene dudas razonables sobre las pruebas que efectivamente demuestren la culpabilidad del autor de un delito, deberá aplicar este principio y absolverlo. Es un latinismo y proviene del derecho romano.

Es una manifestación de un derecho fundamental en los procesos judiciales constitucionales: el principio de presunción de inocencia. “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

La utilidad de este principio es garantizar un proceso justo y cumplir con todas las garantías procesales. Así, para los casos en que las pruebas no sean suficientes, no se podrá condenar culpable a la persona juzgada.

Las principales notas esenciales de este principio son:

• Aunque no se trata de una norma jurídica expresa en el código penal, es considerada como una norma imperativa.
• No se puede utilizar para valorar la prueba en favor del acusado, sino para no condenar culpable a una persona que no tiene necesarias pruebas en contra.
• Este principio solo pueden utilizarlo los jueces y tribunales.
• Aunque es una manifestación del principio de inocencia no son lo mismo. El principio de inocencia si está recogido en un cuerpo normativo y es un derecho fundamental.
• Este principio obliga a probar los hechos mediante pruebas suficientes y de tal entidad que demuestren la culpabilidad de la persona juzgada.
• En ocasiones se conoce a este principio, como el principio de duda razonable.
• Solo se utiliza cuando no se ha desvirtuado la presunción de inocencia.

¿En qué principios se basa in dubio pro reo?

1. Legalidad: Este principio tiene un claro significado que marca todos los estados democráticos. Nadie puede ser juzgado ni condenado si no se ha tipificado en la ley el comportamiento delictivo y la pena asociada en el momento de cometer los actos.
2. Irretroactividad penal: Si una norma penal empeora la situación de un condenado, que ya fue juzgado con otra norma anterior más beneficiosa, la nueva norma penal que empeora su situación no le será de aplicación. A las personas se las juzga por la ley vigente en el momento de cometer los actos delictivos.

Es normal que ante ciertas escaladas de violencia, desastres naturales o aumento repentino de ciertos crímenes específicos, los legisladores y políticos reaccionen dictando leyes de emergencia o temporales que endurecen las penas para esos delitos que se considera que han aumentado o pueden aumentar, o penando conductas que antes no estaban penadas. La doctrina está dividida respecto si las condenas y procesos basados en esas leyes «ad hoc» están alcanzados por la aplicación de la ley más benigna.

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