El perfeccionamiento (del latín: perfectĭo, -ōnis ‘perfección’), en Derecho, es el cumplimiento de los requisitos para que un acto jurídico, una ley o un contrato adquiera plena vigencia y fuerza jurídica. El perfeccionamiento es el momento que marca el tránsito de los tratos al contrato; es decir, el instante a partir del cual las partes, hasta entonces negociadoras de un contrato, ya no pueden desligarse del mismo sin previo acuerdo de ambas. La perfección del contrato es el resultado, pues, de coincidir los requisitos esenciales para su celebración válida y, por tanto, para otorgarle eficacia jurídica. Esta coincidencia se manifiesta por el concurso de la oferta y la aceptación.

Perfeccionamiento contractual La perfección del contrato es el momento en el que este comienza a producir efectos y se hacen exigibles las obligaciones derivadas del mismo entre las partes contratantes. Las obligaciones puras y simples en cuanto se perfeccionan dan nacimiento a un derecho. Constituyen la regla general en materia de obligaciones, pues lo normal es que la obligación nazca a la vida jurídica de manera pura y simple, o sea, de inmediato, sin restricciones ni alteraciones. Las obligaciones a plazo se perfeccionan cuando este vence. Las obligaciones condicionales se perfeccionan desde el momento en que se cumple la condición. Nuestro Código Civil  establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. ¿Qué pasa si un contrato no se perfecciona? Cuando el contrato existió así no se haya perfeccionado, ese acuerdo de voluntades como convenio jurídico celebrado, puede derivar responsabilidad de la administración por la vía de la acción de controversias contractuales, la cual puede dirigirse a que se declare la existencia, nulidad o incumplimiento del contrato, Perfeccionamiento legal Por regla general, las leyes adquieren vigencia y fuerza jurídica desde que se insertan en el boletín oficial del respectivo país, a menos que la misma ley haya establecido reglas diferentes sobre su entrada en vigencia. Antes que ello ocurra la ley no pasa de ser un mero proyecto de ley que carece de fuerza y obligatoriedad.

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