El contractualismo es una corriente moderna de filosofía política y del derecho, que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. No es una doctrina política única o uniforme, sino un conjunto de ideas con un nexo común, si bien extremadamente adaptable a diferentes contextos, lo que explica su vitalidad y su capacidad para ir evolucionando y redefiniéndose hasta la actualidad. Como teoría política es posiblemente una de las más influyentes de los últimos trescientos años, configurando, en mayor o menor grado, la estructura actual de los distintos Estados y naciones.

El contractualismo es una teoría ética y política que se basa en la idea de que la legitimidad de la autoridad gubernamental y de las normas sociales se deriva de algún tipo de contrato o acuerdo entre individuos. Según esta teoría, la sociedad y el gobierno son el resultado de un contrato implícito o explícito entre las personas, donde ceden ciertos derechos y libertades a cambio de seguridad y orden social.

El diccionario panhispánico del español jurídico establece que el contractualismo es una Filosofía político-jurídica que hace uso de la figura del contrato social para explicar y justificar la existencia de la sociedad y del Estado.

Esta idea se remonta a filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, quienes desarrollaron diferentes versiones de la teoría del contrato social.

• Hobbes: Planteó que en un estado de naturaleza, sin un gobierno central, la vida sería «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». Para escapar de esta situación, las personas acuerdan un contrato social en el que ceden sus derechos individuales al soberano a cambio de protección y orden.
• Locke: Sostuvo que los individuos tienen derechos naturales, como la vida, la libertad y la propiedad, y que el gobierno existe para proteger esos derechos. Según Locke, el gobierno legítimo se basa en el consentimiento de los gobernados, y estos pueden rebelarse si el gobierno no cumple su función de proteger esos derechos.
• Rousseau: Introdujo la idea del «contrato social» en el cual los individuos renuncian a sus derechos individuales en favor de la voluntad general de la sociedad. Para él, el gobierno debe representar la voluntad general de la sociedad y no intereses particulares.

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